Mendoza

Mendoza no tiene una única ley general de mediación: el régimen varía según la materia. La Ley 9.120 (Código Procesal de Familia y Violencia Familiar, publicada el 21/11/2018) establece una etapa previa de mediación familiar obligatoria a cargo del Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial, dependiente de la Suprema Corte de Justicia, cuyo origen se remonta a la Ley 6.354 y a la Acordada 15.347 (1998). Para materia civil y comercial, la Ley 9.001 (Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, vigente desde el 1/2/2018) prevé la mediación como método alternativo estimulado por jueces y abogados, pero de carácter voluntario, reglamentada operativamente por la Acordada 22.748 de la Suprema Corte. Para conflictos laborales rige la Ley 8.990, que crea la Oficina de Conciliación Laboral (OCL) con instancia previa y obligatoria a la demanda judicial. También existe mediación penal (justicia restaurativa, Acordada 21.612 bis) de carácter voluntario. La Ley 9.388 (publicada el 4/5/2022) crea la Oficina de Conciliación Civil y Comercial (OCC), en la Subsecretaría de Justicia, con una instancia obligatoria previa a los juicios civiles y comerciales. Según su sitio oficial, funciona desde el 10/2/2025 con el Decreto 123/25.

Obligatoriedad: Es obligatoria como paso previo a la demanda judicial en materia de familia (responsabilidad parental, uniones convivenciales, parentesco, guarda y tutela) según Ley 9.120, y en materia laboral (conciliación previa ante la OCL) según Ley 8.990. En materia civil y comercial, la conciliación ante la Oficina de Conciliación Civil y Comercial (OCC) es obligatoria y previa a la demanda en las materias que fija la Ley 9.388, con asistencia letrada y multa por inasistencia injustificada. La mediación ante el Cuerpo de Mediadores, en cambio, es voluntaria: requiere el consentimiento expreso de las partes. La mediación penal también es voluntaria.