Nación

Sancionada el 15 de abril de 2010, la Ley 26.589 establece con carácter obligatorio la mediación previa a todo proceso judicial ante la Justicia Nacional y Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para promover la resolución extrajudicial de controversias mediante la comunicación directa entre las partes (art. 1). Antes de iniciar la mayoría de las demandas civiles y comerciales, quien reclama debe intentar primero una mediación ante un mediador matriculado en el Registro Nacional de Mediación, y acompañar la demanda con el acta que expide el mediador (art. 2 y 3). Fue reglamentada por el Decreto 1467/2011. Desde el 29 de junio de 2026 su gestión se digitalizó por completo mediante el Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria (SIGIM), aprobado por Resolución 277/2026 del Ministerio de Justicia y basado en el Decreto 696/2025, que incorporó notificaciones electrónicas, audiencias virtuales y firma digital de las actas.

Obligatoriedad: Es obligatoria antes de iniciar la mayoría de las demandas civiles y comerciales patrimoniales ante los tribunales nacionales y federales con asiento en CABA (arts. 1 y 4: 'todo tipo de controversias' salvo las excluidas por el art. 5). Es optativa para quien reclama en los juicios de ejecución y de desalojo (art. 6). Los conflictos de familia no patrimoniales (divorcio, filiación, patria potestad, adopción) están excluidos de este régimen, pero sí es obligatoria para las cuestiones patrimoniales derivadas de ellos (alimentos, régimen de comunicación, liquidación de bienes, arts. 31 a 33). Los conflictos individuales y pluriindividuales de trabajo dentro de la jurisdicción de la Justicia Nacional del Trabajo no se rigen por esta ley sino por su propio régimen de instancia obligatoria de conciliación laboral (SECLO, Ley 24.635).