Nación

Sancionada el 15 de abril de 2010, la Ley 26.589 establece con carácter obligatorio la mediación previa a todo proceso judicial ante la Justicia Nacional y Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para promover la resolución extrajudicial de controversias mediante la comunicación directa entre las partes (art. 1). Antes de iniciar la mayoría de las demandas civiles y comerciales, quien reclama debe intentar primero una mediación ante un mediador matriculado en el Registro Nacional de Mediación, y acompañar la demanda con el acta que expide el mediador (art. 2 y 3). Fue reglamentada por el Decreto 1467/2011, cuyo Anexo I fue sustituido por el Decreto 696/2025 (vigente desde el 1/10/2025): las audiencias se hacen por medios digitales como regla general, con asistencia letrada obligatoria, comparecencia personal y prohibición de grabarlas o transcribirlas. Desde el 29 de junio de 2026 la gestión se digitaliza en forma progresiva, por módulos, mediante el Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria (SIGIM), aprobado por la Resolución 277/2026 del Ministerio de Justicia, que integra el sistema MEPRE. Durante 365 días desde su implementación, las notificaciones iniciales a personas humanas deben hacerse también en formato físico, y quien no acredite firma digital queda inhabilitado para operar en el sistema.

Obligatoriedad: Es obligatoria antes de iniciar la mayoría de las demandas civiles y comerciales patrimoniales ante los tribunales nacionales y federales con asiento en CABA (arts. 1 y 4: 'todo tipo de controversias' salvo las excluidas por el art. 5). Es optativa para quien reclama en los procesos de ejecución y en las controversias de salud contra obras sociales, agentes del Seguro de Salud o prepagas (art. 6, según DNU 379/2025; ver PRO.ME.SA). Los desalojos no figuran entre los supuestos optativos del art. 6 vigente ni entre las exclusiones del art. 5, por lo que, según el texto, quedan alcanzados por la regla general del art. 4. Es un punto discutido: el texto original de 2010 los hacía optativos, la Ley 27.551 (2020) los quitó de esa lista, y tras la derogación de esa ley por el DNU 70/2023 parte de la doctrina los siguió considerando optativos. No encontramos jurisprudencia de la Cámara Civil ni un criterio publicado por la Dirección Nacional de Mediación, por lo que conviene verificar el criterio del juzgado antes de demandar sin mediación. Los conflictos de familia no patrimoniales (divorcio, filiación, patria potestad, adopción) están excluidos de este régimen, pero sí es obligatoria para las cuestiones patrimoniales derivadas de ellos (alimentos, régimen de comunicación, liquidación de bienes, arts. 31 a 33). Los conflictos individuales y pluriindividuales de trabajo dentro de la jurisdicción de la Justicia Nacional del Trabajo no se rigen por esta ley sino por su propio régimen de instancia obligatoria de conciliación laboral (SECLO, Ley 24.635).